Las telecos piden flexibilizar la reforma de EE.UU sobre ciberseguridad

Un informe de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha detallado 20 procedimientos de control que los operadores de telecomunicaciones deberían efectuar.

La India planea restringir las importaciones de productos tecnológicos

El gobierno de la India ha elaborado un borrador con sus planes para una ley que restrinja la llegada de productos tecnológicos al país.

Google protesta contra la ley de copyright alemana

El portavoz de Google en el país germano, Ralf Bremer, ofrece su opinión sobre la enmienda que obligaría a buscadores y agregadores a pagar por enlazar a noticias.

El Congreso de EE.UU. aprueba la ley CISPA

La norma permitirá al Gobierno supervisar las comunicaciones “online” cuando así se considere.

JOBS Act: claves de la ley del crowdfunding en startups

Estados Unidos está a punto de aprobar la ley JOBS, que permitirá a las startups recurrir al crowdfunding para financiarse. Sus críticos tienen una preocupación: la protección de los inversores.

Gran Bretaña quiere controlar todas las llamadas, emails y SMS de sus ciudadanos

El Ministerio del Interior propone una ley para que las agencias de Inteligencia puedan monitorizar las actividades online de los británcios.

De la SOPA al ACTA: Internet en pie de guerra

La protesta contra la SOPA tuvo un día de luto en Internet y logró su aplazamiento. El ACTA está cerca de ser aprobada de forma internacional, ¿se protestará menos?

Aprobados los reales decretos de juego online

Las empresas interesadas podrán presentar durante el mes de noviembre la documentación para obtener una licencia de juego.

Los “puedo prometer y prometo” tecnológicos del 20N

El desfase del canon digital, la viabilidad de la ley antidescargas y la universalidad de Internet marcan la agenda TIC de los políticos españoles en tiempos de elecciones.

EE.UU. presiona a Google para desvelar las direcciones electrónicas de un colaborador de Wikileaks

El Acta de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas aplicada, sólo requiere “razones fundadas” para iniciar una investigación judicial.