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JOBS Act: claves de la ley del crowdfunding en startups

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Estados Unidos está a punto de aprobar la ley JOBS, que permitirá a las startups recurrir al crowdfunding para financiarse. Sus críticos tienen una preocupación: la protección de los inversores.

Si todo sigue su curso natural y planeado, mañana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, colocará la firma final al JOBS Act. Así, la nueva ley habrá obtenido su aprobación final, tras haber logrado los rotundos “sí” del Congreso y del Senado y haber conseguido el favor tanto de republicanos como demócratas. ¿De qué va la ley JOBS? Podría resumirse en tres palabras: crowdfunding para startups.

Tras observar el boom y el buen funcionamiento que están teniendo en los últimos meses sitios de crowdfunding como Kickstarter, a los impulsores del texto se les encendió la lucecita: ¿y si se utilizase este modelo para ayudar a empresas pequeñas y emergentes a financiarse? Se impulsaría la creación de empresas y, como consecuencia, se ayudaría a crear empleo. El crowdfunding, dicen los defensores más radicales del JOBS Act, podría ayudar a Estados Unidos a salir de la crisis.

La situación cambia en varios aspectos. Hasta ahora, las empresas podían buscar financiación tan solo por dos vías: la autofinanciación (a través de ahorros propios y de familiares, créditos bancarios o incluso hipotecando la propia vivienda) o la búsqueda de “angel investors”, inversores profesionales que desembolsarían una gran cantidad de dinero si el emprendedor era capaz de convencerlos. No obstante, no todas las ideas de negocio logran conseguir un inversor, y la autofinanciación es cada vez más complicada al haberse cerrado el grifo de los créditos y haber bajado el valor de las viviendas.

Para salir de este callejón sin salida, la idea de la JOBS Act es abrir la puerta a los pequeños inversores particulares. Con las pequeñas aportaciones de gente que invierte más porque cree en el proyecto y quiere ser parte de él que porque crea que se va a hacer dinero, muchas startups lograrán un impulso inicial que hasta ahora se les negaba. Además, para no tener que salir a bolsa de forma inmediata (la SEC exige que cualquier compañía con más de 500 accionistas se haga pública), el organismo no contará a inversores que hayan aportado menos de 10.000 dólares y, además, el número de accionistas a partir del que hay que salir a bolsa sube a 1.000.

Argumentos en contra: la alarma del caso Groupon

La JOBS Act ha sido tan alabada por todo el mundo desde que el texto se hizo público e inició su andadura legal para convertirse en ley hace unos meses (logró que republicanos y demócratas estuviesen de acuerdo), que las pocas voces críticas que surgían a su alrededor eran tapadas por los vítores de la masa defensora. No obstante, un par de lecturas más profundas y las noticias que ha dado Groupon esta semana han hecho saltar la alarma.

¿Cuál es el problema? Más allá del crowdfunding para las etapas iniciales, la ley también establece la posibilidad de que, una vez que una compañía haya decidido salir a bolsa, pueda mantener conversaciones privadas con la SEC antes de la OPV. Toda la documentación, todas las preocupaciones del organismo con respecto a la compañía, no se harán públicas hasta tres semanas antes de su salida a bolsa, algo que, dicen los detractores de la ley, no da tiempo a los inversores a valorar si de verdad quieren poner su dinero en esa compañía.La preocupación por la seguridad de unos inversores que, además, carecen de los conocimientos profesionales de los angel investors, creció esta semana tras el caso Groupon: la compañía no levanta cabeza tras su OPV, y ahora acaba de anunciar que en el último trimestre de 2011 ganó menos de lo indicado en un principio. Las reticencias sobre la viabilidad de Groupon ya eran conocidas antes de su salida a bolsa al haber sido sus conversaciones con la SEC públicas, y aun así sus inversores no están contentos. ¿Y si encima esas conversaciones hubiesen sido privadas y los problemas de la firma hubiesen quedado enterrados y ocultos hasta más tarde?

Argumentos a favor: los inversores sí están protegidos

Contra los pocos que claman al cielo indicando que la JOBS Act podría, además de provocar situaciones como la explicada anteriormente, abrir la puerta al fraude, los defensores de la ley citan las protecciones extra que se introdujeron en el texto tras su paso por el Senado para proteger a los inversores. Las protecciones son principalmente dos: por un lado, las inversiones podrán realizarse tan solo a través de portales de crowdfunding en Internet aprobados por la SEC, que garantizarán que pidiendo financiación hay efectivamente startups y no timadores. Además, cada persona tiene una cantidad máxima que puede invertir según su renta, evitando que particulares se busquen la ruina a través de inversiones demasiado optimistas.

Otro de los argumentos esgrimidos contra los que creen que la ley deja entrar a inversores particulares sin protegerlos lo suficiente es que el texto no obliga a nadie a invertir. Si alguien decide a través del nuevo sistema ayudar a financiar una compañía, debería simplemente informarse acerca de los riesgos que conlleva una acción así. Y de todas formas el crowdfunding consiste en aportaciones pequeñas y no inversiones millonarias, lo que directamente minimiza los riesgos de cualquier tipo de inversión.

¿Impulsará realmente la ley la creación de startups y puestos de trabajo? ¿Llevará al fraude o a más negocios con cuentas poco claras como Groupon? ¿Se lanzarán los particulares a la financiación de startups? De momento tan solo hay algo seguro, y es que, si nada lo impide, Obama firmará mañana el texto que hará que la ley esté aprobada. Para saber el resto tan solo habrá que esperar unos meses.

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