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¿Quién ganará la partida de la Ley del Juego?

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Bingos, casinos y recreativos tradicionales están a la gresca con las casas de apuestas online a causa de la futura legislación que regulará el juego en España: todos quieren la Ley y todos le encuentran pegas.

Más de 110 millones de euros en apuestas deportivas. Unos 85 en partidas de póquer. Y hasta 120 en otras modalidades de cartas, de habilidad, de azar y casinos. Estos son los beneficios que se embolsaron las casas de juego online en España durante 2010 y que podrían seguir aumentando, redondearse y alcanzar los 400 millones a finales de año si la futura Ley del Juego lo permite. Eso sí, entablando relación con Hacienda.

Por primera vez desde que se despenalizara el juego en 1977, las empresas virtuales se acogerán en España a un régimen fiscal que gravará desde la obtención de licencias hasta el reembolso de premios. Existirán los mismos controles que para el sector tradicional y los jugadores tendrán la certeza de cobrar sus ganancias libres de estafas. Pero el nuevo negocio soportará menor presión impositiva que el offline y ahí comienzan los enfrentamientos.

Desigualdad impositiva

Mientras las cantidades que el sector tradicional debe tributar se deducen según el importe total de las apuestas realizadas, alcanzando el 50% de media; el Proyecto de Ley establece que la carga fiscal para el juego online se realice sobre sus beneficios netos. Una vez entregados los premios se calculará un 25% de gravamen en apuestas de contrapartida contra la banca y en las cruzadas entre varios usuarios, las de mayor interés para el negocio. En el caso de las quinielas se contempla un tipo impositivo del 22% sobre el bruto de los ingresos, que será del 20% para rifas y concursos.

Aún así, los operadores que ofrecen sus servicios en la Red consideran excesivo ese 25% de media. “España tendrá una de las tasas más altas en materia de juego”, advierte la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI). “Bajo un tipo tan alto habrá algunas empresas que no conseguirán ser rentables a largo plazo en un mercado tan competitivo” y los clientes podrían decantarse por portales extranjeros donde ofrecen recompensas más jugosas.

Tanto Comunidades Autónomas como Estado participarán en la recaudación de impuestos. Las primeras para cobrar las ganancias generadas dentro de su territorio y la segunda para hacerse cargo de los usuarios que participan desde fuera de España, así como de las tributaciones derivadas de apuestas mutuas deportivas e hípicas nacionales.

Un impuesto que no afectará a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) cuando organicen lotería de ámbito estatal. El sector del juego critica que un organismo como la LAE, que está preparando su salida a Bolsa para privatizar el 30% de su capital, haya colaborado activamente en la redacción de la Ley reservándose este negocio en exclusiva. Además, el bingo online ha quedado en tierra de nadie, quizás para pasar a manos de la LAE, quizás para evitar su legalización, ya que el Gobierno lo considera muy adictivo.

Se pone fin a los paraísos fiscales…

Precisamente, uno de los principales objetivos de la nueva regulación, además de sacar de la “alegalidad” a las empresas y aportar seguridad jurídica a sus clientes, es proteger a menores y personas con problemas de ludopatía. Del ecosistema de 370.000 usuarios que se ha formado en Internet estos últimos años, 40.000 han solicitado voluntariamente que no se les permita acceder a ninguna modalidad de juego para superar su enfermedad.

Otra de las cuestiones que persigue la Ley es el blanqueo de capitales. Y es que, por ejemplo, el 86% del mercado de apuestas deportivas en nuestro país está controlado por cinco operadores radicados en paraísos fiscales: Bet365 y Bwin (Gibraltar), Unibet (Malta), Betfair (Gibraltar y Malta) y Miapuesta (Antigua y Barbuda). Si quieren seguir desarrollando su actividad, todos ellos deberán obtener una licencia de manos de la futura Comisión Nacional de Juego (CNJ) y ejercer bajo un dominio “.es”. Las multas llegarán hasta los 50 millones de euros para las infracciones “muy graves”, como operar sin el título correspondiente o los impagos de premios.

… pero se mantienen las bases de datos

Sin embargo, se acepta que la Unidad Central de Juegos permanezca más allá de las fronteras nacionales, empobreciendo la calidad de los controles técnicos de seguimiento y seguridad… ¿o no? La AEDAPI considera que “tener un sistema que permita al regulador la accesibilidad a los equipos del operador en tiempo real es totalmente viable y permite un control exhaustivo sin necesidad de establecer la totalidad de los equipos tecnológicos en España”.

Algo “inadmisible” en opinión del Grupo Codere, una multinacional de juego privado, que solicita “tabla rasa con aquellos que llevan años beneficiándose de su actuación ilegal y creando posición dominante de una forma desleal”. Así, junto con el traslado de los servidores y unidades centrales, proponen la eliminación de las bases de datos de clientes para partir en igualdad de condiciones. Los hay que va más lejos todavía y defienden que estas empresas ordenen su situación fiscal en base a los beneficios obtenidos antes de la regularización.

Publicidad y patrocinios

Esta ordenación no se realizará de forma inmediata. Se prevé que la CNJ legalice a través de un sistema de otorgamiento administrativo unas 50 compañías que, en el período transitorio de seis meses, deberán adaptarse a la Ley y cesar sus actividades bajo riesgo de que “los usuarios opten por productos no regulados fuera de la protección necesaria”, según la AEDAPI. La asociación estima que el 90% de jugadores se relacionan con operadores auditados o que incluso cotizan en Bolsa. “Evitando el cierre de operaciones se tendrá la garantía de que ya en el primer día de funcionamiento de la ley, los usuarios españoles estarán jugando en empresas legales”.

Aunque no podrán operar hasta recibir el título habilitante, sí podrán salvaguardar todas las actividades publicitarias firmadas antes del 1 de enero de 2011. No hay que olvidar que algunas de las grandes casas de apuestas por Internet son responsables del patrocinio de equipos de fútbol que pertenecen a Primera División, como Barcelona, Atlético, Valencia y Sevilla.

Codere, que ha demandado por competencia desleal al portal Bwin debido a su relación comercial con el Real Madrid, lo considera un agravio. Los 40 millones de euros invertidos por el juego online en patrocinios y los 60 en publicidad “no deben otorgar legitimidad alguna, ni pueden tener mayor peso que los 1.700 millones de euros en tasas que paga el sector del juego privado cada año y los 3.000 millones que ingresa LAE para las arcas públicas”, argumenta.

A debate en el Senado

Para promocionar a estas empresas, los medios de comunicación social deberán comprobar en la web de la CNJ que se encuentran en el listado de sociedades autorizadas, incluidas aquellas relacionadas con servicios de tarificación adicional a través de llamadas telefónicas o mensajes. En el caso de las tradicionales, la prohibición de publicitarse en periódicos, concursos televisivos y otras plataformas continúa vigente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, sobre sanciones en materia de juegos de suerte, envite o azar.

Quien sí saboreará un trozo de la tarta a partir de ahora serán entidades deportivas e hípicas, a las que se destinará parte del dinero recaudado por las apuestas digitales vinculadas a sus competiciones. El Gobierno deberá aprobar un Real Decreto fijando porcentajes, régimen de participación y beneficiarios pero, teniendo en cuenta las predilecciones de los españoles, es previsible a quién le tocará el premio gordo: el fútbol copa el 70% de las apuestas, seguido de tenis, baloncesto, motor y carreras de caballos.

A todas estas novedades se podrán sumar fácilmente más modificaciones ya que el texto del Proyecto de Ley se encuentra estos días en el Senado, con un centenar de enmiendas heredadas de su paso por el Congreso y otras 110 a debate. Tras su ratificación volverá a la Cámara Baja y a partir de ahí habrá que esperar hasta su entrada en vigor, prevista para verano. A falta de posibles correcciones, una cosa está clara: va a ser difícil contentar a todas las partes. La polémica ya está servida.

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Licenciada en Xornalismo por la Universidad de Santiago de Compostela en la especialidad de Periodismo Electrónico y Multimedia. Apasionada de los gadgets, la fotografía digital, el diseño web y el arte. Tras un primer contacto con el mundo de la prensa escrita y con la suficiencia investigadora debajo del brazo, me decanto por los medios online. Cubro la actualidad informativa en Silicon Week desde marzo de 2011, además de colaborar en otras publicaciones del grupo NetMediaEurope en España como Silicon News.

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