Joaquina Sanmartín, directora de Sector Público de Capgemini Consulting, analiza qué están haciendo bien las Administraciones públicas españolas y qué queda por hacer todavía.
El sector público está sufriendo una transformación sin precedentes. La modernización tecnológica y la contribución a la sostenibilidad son algunas de las prioridades de la Administración Pública como medio para optimizar la calidad de sus servicios en un contexto de reducción de costes e inversiones.
Las nuevas tecnologías en general y la administración online en particular son factores decisivos en este cambio ya que permiten a los ciudadanos y a las empresas un fácil acceso a modernos y eficientes servicios públicos online, estén donde estén y en cualquier momento.
Además la entrada en vigor de la ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007, de 22 de junio) ha obligado a la Administración a desarrollar, implantar y habilitar un conjunto de servicios para atender a una amplia diversidad de requerimientos: disponibilidad; universalidad; calidad; o eficiencia. La Administración Pública avanza hacia la e-Administración como una oportunidad y al mismo tiempo como un reto.
En este sentido, cabe destacar el crecimiento de la disponibilidad online en los servicios a ciudadanos y empresas que sigue su avance y se ha incrementado en cinco puntos respecto a 2009, situándose en un 77%. Así se desprende del “Estudio Comparativo 2010 de los Servicios Públicos online en las Comunidades Autónomas españolas” elaborado por la Fundación Orange y Capgemini Consulting, que sitúa a las comunidades de Madrid, Asturias, Andalucía y Navarra en los primeros puestos del ranking.
En este informe se presentan temas como la accesibilidad, la documentación exigida para los trámites, las posibilidades de realizar estos a través de diferentes plataformas o la utilización del DNI electrónico. Se trata de una visión cuantitativa y cualitativa del estado de la sociedad de la información, de sus usos por parte de los ciudadanos, de las empresas y de las Administraciones Públicas.
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